El Centro de Estudios Legales y Sociales dio a conocer su informe en el que se afirma que son 1532 las mujeres que deben rendir cuenta en la Justicia en 17 provincias. El informe fue enviado a la cámara alta
Un total de 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto y 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas, reveló un informe actualizado y presentado hoy por el el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En el relevamiento, Salta figura como la tercera provincia con más causas a raíz de este tema. En nuestra provincia son 156 las mujeres que se encuentran en esta situación desde el 2012 hasta la actualidad. Ese es el rango de periodo del informe.
CELS informó en la investigación que en el caso de Salta obtuvo datos oficiales por parte de la Corte de Justicia y el Ministerio Público, como así también por publicaciones realizadas por El Tribuno.
Este documento fue remitido al Senado, que este martes debatirá el proyecto de interrupción legal del embarazo, para que sus integrantes “cuenten con información rigurosa” sobre la situación, destacaron voceras de la ONG.
“Le hicimos llegar el documento a las y los senadores, a quienes invitamos a cuidar la vida y la salud de las mujeres de sus provincias y que este informe sea tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión”, dijo a Télam una vocera de CELS.
La investigación reveló que las mujeres criminalizadas “son pobres, sin trabajo remunerado, la mayoría con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias. Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos”, subrayó.
En los procesos penales que se llevaron adelante contra ellas “la mayoría no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial. Encontramos muchas violaciones de sus garantías al debido proceso”, resaltó el CELS.
Las causas se iniciaron con frecuencia cuando los equipos de salud violan su deber de confidencialidad y denuncian. También ocurrió que el pedido de ayuda de familiares, parejas o la misma gestante fue tomado como una denuncia.
“La posibilidad de que un pedido de auxilio sea la ocasión para iniciar la persecución penal es extorsiva: pone a estas personas y a sus familiares en la situación de autoincriminarse a cambio de atención en salud”, señaló el análisis del CELS.
Además, consideró que “en los hospitales la estigmatización se convierte en violencia obstétrica, con enormes y duraderos sufrimientos físicos y emocionales”.
“Las intervenciones de las fuerzas de seguridad y del poder judicial están marcadas por el ensañamiento”, añadió.
Y destacó que “algunos medios de comunicación reciben información ’filtrada’ de esos agentes estatales y despliegan coberturas morbosas. El impacto de todo esto acompaña a la mujer, luego a sus contextos sociales y familiares, aunque nunca sea condenada penalmente”.
Por eso, el CELS consideró que la criminalización del aborto y de otros eventos obstétricos “no debe ser entendida solo a partir de las condenas”.
La investigación detectó también allanamientos sin orden judicial, por mera voluntad de policías o fiscales, al hacer elástico el concepto de flagrancia. En los casos analizados, las y los funcionarios intervienen cuando las mujeres piden ayuda por su salud y no en el supuesto momento flagrante del aborto.
Tucumán se resalta en el estudio de la ONG por la política criminal. Esa jurisdicción mostró un incremento respecto de años anteriores “que debería encender las alertas de otras esferas del Estado”.
La investigación Jaque a la reina. Salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán relevó, para un período inmediatamente anterior al que analizó este informe (2003-2012), 282 causas radicadas en la justicia penal tucumana. De 2012 a 2020 la cifra se elevó a 402.
La investigación se hizo en base datos oficiales de Santa Fe, Río Negro, Chaco, Chubut, Córdoba, Neuquén, Formosa, Catamarca, Corrientes, Tucumán, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Jujuy, San Luis, La Pampa y la Justicia Nacional que tiene a cargo estas causas en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
El trabajo fue realizado por el CELS, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos. (Fuente: El Tribuno)
