El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes en Salta, Rodrigo Solá, se refirió al cuestionamiento que hace la Organización de las Naciones Unidas, sobre el que fuera denominado Decreto Protocolo, la iniciativa del gobernador Gustavo Sáenz, que habilita a las fuerzas de Seguridad, a realizar maniobras a discreción para disuadir las protestas o manifestaciones.
El Organismo Internacional insta a rever la medida que considera “atenta contra los derechos humanos de las personas, de libertad, e integridad, así como también limita el derecho a la libertad de prensa”, señaló en entrevista para el programa Convicciones Políticas, en FM La Cigarra, 96.7 Mhz.
El funcionario también habló sobre otros puntos que preocupan a la ONU sobre la provincia, como la estigmatización de los pueblos originarios; el abuso y la violación a niñas y adolescentes pertenecientes estas comunidades; las dificultades del acceso a la propiedad sobre las tierras, entre otros aspectos.
Las principales definiciones de la nota:
Cómo surge el polémico Decreto Protocolo
Las observaciones de la ONU, surge en base a los reclamos que hay en el norte, donde distintas organizaciones y colectivos de ciudadanos y ciudadanas reclamaban por el cumplimiento de derechos por la falta de agua, en la zona de Tartagal y por un tarifazo en lo que tiene que ver el servicio de Electricidad.
Cuando esto sucedió, el gobierno se reunió con estos sectores que reclamaban; y la respuesta a la reunión fue un protocolo donde se les prohibía manifestarse, pero este decreto después se amplió hacia cualquier tipo de concentración de personas.
Entonces ante esta situación desde el Comité contra la tortura, advertimos, que ese protocolo tenía muchos cuestionamientos a los derechos a la integridad.
La reacción desde el Comité contra la Tortura
Presentamos en ese momento en el mes de febrero, una opinión técnica y mostramos al poder ejecutivo todas las falencias y problemas de este decreto, porque restringía derechos constitucionales que tienen que ver con estándares internacionales, que plantean que, las restricciones tienen que ser institucionales y mediante leyes y no a través de decretos.
Esta es una cuestión que le aclara la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a partir de ahí se realizó el desglose de estos temas, pero el decreto después regula cualquier tipo de concentración, por cualquier motivo, en cualquier punto de la provincia de Salta; y hay algunas cuestiones que pueden llegar a ser de mucha gravedad, porque no tienen un enfoque preventivo, sino que tratan de hacer que la gente deje de hacer una manifestación y puede dar lugar a violencia institucional, e incluso le dedica un capítulo especial a la prensa para decir que el Jefe del operativo puede evaluar la situación y colocar a los periodistas en determinados lugares, y esto puede entorpecer el ejercicio de la libertad de prensa. La asociación de periodistas de Salta también se manifestó en contra de esto.
El foco debería estar en la resolución del problema, no en la represión
Entendemos que es un decreto regresivo en materia de derechos humanos y creemos que desvía el foco, que debería estar en la resolución de los problemas cuando las personas plantean la necesidad de agua, vivienda y educación. Esta debería ser la centralidad del problema y prevenir para no llegar a esas instancias de reclamo.
Los perfiles raciales estigmatizan a las poblaciones originarias
En relación a los perfiles raciales también, justamente, Naciones Unidas publicó el viernes un comunicado donde habla, específicamente sobre este decreto y se manifiesta con preocupación.
Le dice al Estado provincial que las provincias, no solamente la nación, sino también las provincias, tienen que cumplir los tratados internacionales y plantea que este decreto afecta, especialmente a los colectivos de gran vulnerabilidad como lo son las comunidades originarias.
Las conclusiones de la ONU sobre la situación en Salta
El Comité hizo un repaso sobre las distintas formas de violencia y cómo estos hechos se agravan ante determinados grupos como son las comunidades originarias. Entonces el organismo hace esta observación, donde señala que no se está cumpliendo con el pacto. Llama la atención a la provincia para que estos derechos sean observados y garantizados.
Plantea especialmente todo lo que tiene que ver con violencia institucional hacia los pueblos indígenas y la estigmatización, que es dirigida como un discurso de odio racial hacia estas comunidades.
Abuso sexual y violación contra las niñas y adolescentes
El Chineo es algo que ya se viene trabajando desde hace un tiempo atrás. Las mujeres de los pueblos originarios fueron las mismas que efectuaron las denuncias, la dirigente Octorina Zamora fue una de las impulsoras de estas denuncias; y con esto se hizo referencia a que se tiene que hablar concretamente de violaciones hacia las niñas de las comunidades indígenas, y no tanto sobre Chineo, si bien el nombre es más largo, pero debe ser más contundente el mensaje y la denuncia.
Fuente: El Cronista de Salta
