El Procurador respondió a consultas de los legisladores, quienes analizan los proyectos de autoría de los legisladores Silvina Abilés, Guillermo Durand Cornejo y Javier Diez Villa, y afirmó que “hoy, el derecho contravencional está muerto en Salta: los expedientes están dormidos, según la última estadística de la Corte de Justicia, el 83,8 % de las causas contravencionales prescribieron y además, hay numerosos bienes sin rematar”.
Cornejo explicó que la falta de funcionamiento de la justicia contravencional, también genera un impacto económico porque los bienes incautados se deterioran, se deben mantener (cuando se trata de ganado, especialmente) y no se procede a su remate, lo que permitiría generar recursos destinados al funcionamiento del sistema.
En el mismo sentido, el secretario de Seguridad Benjamín Cruz, sostuvo que “la provincia pierde plata, porque aunque el fin de las contravenciones no es recaudatorio y sí de prevención, los fondos generados por remates y multas posibilitarían que los juzgados contravencionales sean “autofinanciables”, además de tener como destino el equipamiento de la Policía de la Provincia, que actuará como instructora de las causas contravencionales. Justamente, Cornejo precisó que el control de legalidad sobre la instrucción hecha por la fuerza de Seguridad, lo ejercerán los jueces contravencionales. A su vez, recordó que la normativa vigente permite que el Consejo de la Magistratura elija jueces subrogantes hasta que se cubran las vacantes en forma definitiva, lo que aceleraría la puesta en marcha de los Juzgados Contravencionales. Y sugirió revisar los artículos 141 al 149 y 166 al 190 del Código, para que el cuerpo normativo sea eficaz en su aplicación.
En tanto, Cruz aportó que la justicia contravencional permitirá supervisar posibles malos procederes o abusos policiales y prevenir el delito, porque “la mayoría de contravenciones que inician como tales, pueden terminar en la comisión de delitos”, al tiempo que puso como ejemplo que “hay fiestas denunciadas por ruidos molestos, que terminan con enfrentamientos y apuñalamientos”.
El secretario de Justicia, Diego Pérez enfatizó que en base a las problemáticas expuestas, es que se solicita inmediatez en el funcionamiento de los juzgados, con expectativas de aplicación de la nueva normativa en el corto, mediano y largo plazo y con el objetivo principal de propender a una convivencia pacífica.
Durante el encuentro, estuvieron los presidentes de las comisiones de Legislación General, Dani Nolasco y de Justicia, Jorge Soto, los senadores Mashur Lapad, Silvina Abilés, Guillermo Durand Cornejo, Marcelo García, Manuel Pailler, Javier Mónico, Esteban D’ Andrea, Carlos Rosso, Sergio Ramos y Sergio Saldaño. También participaron el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Gonzalo Caro Dávalos y el diputado Javier Diez Villa, además del secretario legislativo del Senado, Luis Guillermo López Mirau.
