La Asociación de Periodistas de Salta (APeS), elevó un comunicado, en el cual se manifiesta en repudio al accionar de la policía, en contra de Samuel Valdiviezo de Todo Salta y Marcelo Montenegro de Telefé Salta, durante la cobertura del reclamo de los remiseros, en frente de la Legislatura de Salta. Desde APeS, exigen seguridad y políticas públicas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Adelantaron que se realizó el planteo para la creación de una Comisión de Seguimiento de Amenazas y Persecución a Periodistas.
EL COMUNICADO COMPLETO
«La Asociación de Periodistas de Salta manifiesta su más enérgico repudio al maltrato y las amenazas sufridas por los periodistas Samuel Valdiviezo (Todo Salta) y Marcelo Montenegro (Telefé Salta) en manos de la Policía de Salta.
Valdiviezo y Montenegro se encontraban realizando la cobertura de la protesta de taxistas y remiseros en la puerta de la Legislatura, es decir la casa del pueblo, cuando fueron apremiados ilegalmente por miembros de las fuerzas de seguridad.
Este hecho, además de reflejar un abuso policial, constituye un acto de censura previa, que impide a los trabajadores de prensa desarrollar su labor, y atenta contra del derecho a la información de toda la población.
Ante las reiteradas situaciones de violencia que vienen sufriendo en el último tiempo trabajadores de prensa en toda la provincia, APeS exige la inmediata identificación y sanción de quienes dieran las órdenes y ejecutaran tal represión. Esta semana el periodista de Isla de Cañas Eulogio Aramayo fue agredido a golpes por informar sobre la falta y el estado de las ambulancias en la localidad.
Tal como APeS planteó al Presidente de la Cámara de Diputados, estas situaciones evidencian la urgencia de crear una Comisión de Seguimiento de Amenazas y Persecución a Periodistas.
Por todo lo antes dicho, exigimos seguridad y políticas públicas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y de prensa, que se investiguen los hechos hasta identificar a los responsables políticos y que el gobierno de la provincia, a cargo de Gustavo Ruberto Sáenz garantice los derechos de informar y de ser informados, derechos amparados por nuestra Constitución que el Gobierno tiene el deber de hacer respetar.»