Carlos Raimundi se refirió a la dramática situación que atraviesa la provincia de Jujuy, frente a la represión de las fuerzas de seguridad y sobre las que la Convención Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al gobierno de Gerardo Morales.
“Aquí hay un gobernador que hace siete años y medio tiene detenida a Milagro Sala y consintió el envío de material represivo para fortalecer el golpe militar en Bolivia, en el 2019, y tiene compromisos muy fuertes con la explotación del Litio y acaba de impulsar una reforma constitucional que no es constitucional, que viola los principios de la Constitución argentina y los de adhesión a los tratados internacionales, y que ha desencadenado una represión feroz frente al pueblo que ha protestado de manera absolutamente pacífica y democrática”, recordó el embajador.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció frente a los hechos de público conocimiento, y admitió que “observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las protestas en la provincia de Jujuy en Argentina”, e instó al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural”.
En esta línea, el embajador expresó que “la convención interamericana actuó con mucha rapidez y celeridad, emitiendo un comunicado, donde separa las responsabilidades. Cuando hay un reclamo internacional ante un organismo como lo es la Convención interamericana, la contraparte de la Comisión, es el Estado nacional; pero el comunicado es claro, responsabilizando a las fuerzas represivas de Jujuy, nada tiene que ver el Estado argentino con esto”.
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